RIBEIRA – La juez sostiene que los detenidos tienen implicación, en mayor o menor medida, en las decisiones ilícitas

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La magistrada señala que el armador ribeirense Antonio Vidal Suárez era el responsable de decidir, junto con el resto de la jefatura del grupo los lugares de pesca, fechas de las campañas, artes a utilizar y actuaciones que supuestamente vulneran las medidas de conservación que regulan la pesca de la merluza austral como el resto de las de esa zona, dado su enorme valor ecológico. Subraya que este armador desempeñaba un papel principal dentro del núcleo director, compuesto por sus tres hijos, su mujer y su yerno -de los que se especifica funciones que desempeñaban-, pero que era él quien tenía la capacidad de tomar la última decisión, como se concluye de las conversaciones intervenidas. Sobre Francisco Gago señala que, además de ser titular de acciones de empresas del grupo y desempeñar cargos directivos en alguna, organizaba y dirigía el entramado empresarial y financiero junto al núcleo familiar Vidal.

Por otro lado, la entidad Oceana recordó este miércoles lo que ya hizo público a través de su página web en noviembre del año 2006 de que la Justicia estadounidense, a través de un tribunal de Mismo, había condenado a Toño Vidal Pego a cuatro años de libertad provisional y a una multa de 400.000 dólares (312.000 euros). Se trató de una sentencia por el caso de importación y conspiración para la venta ilegal de 26 toneladas de merluza negra en los Estados Unidos a través del puerto de Miami en el año 2004. Antonio Vidal había estado en búsqueda y captura por Interpol hasta que se entregó el 19 de abril del 2006 a la Justicia norteamericana. Esas acusaciones pudieron haber llevado a Antonio Vidal Pego durante 20 años a la cárcel. Pero, según informaciones facilitadas a Oceana por la oficina del Fiscal del Distrito de Miami, el armador gallego llegó a un pacto con el Gobierno de los Estados Unidos para evitar la prisión a cambio de proporcionar información sobre las actividades criminales de otras personas implicadas en pesca pirata, que permitirán al gobierno federal el procesamiento de otros armadores que se dedican a actividades similares a las realizadas por Vidal Pego.

La sentencia indicó que la libertad condicional de Antonio Vidal le obligaba a que cesase inmediatamente cualquier relación, directa o indirecta, con la pesca y comercialización de merluza negra. Para que pueda comprobarse que cumple la sentencia, el armador debía poner a disposición de la Oficina de Control de Libertad Provisional y del Gobierno de los Estados Unidos la contabilidad y otros libros de registro de las actividades de todas sus empresas. Además, se le obligaba a presentarse ante la Justicia de los Estados Unidos siempre que se le requiriese. Antonio Vidal tuvo que facilitar al juez un documento por el que acepta su extradición a los Estados Unidos por parte del gobierno español o el de cualquier país en donde se encuentre, en caso de que incumpla alguna de las condiciones de la sentencia.

 

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