RIANXO – El fraude del gasóleo mancha hasta a un excomandante de la Guardia Civil

El macrojuicio comenzará este jueves en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra un total de 23 acusados

 

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este jueves, 5 de noviembre, la primera jornada del macrojuicio contra un total de 23 personas procesadas por el fraude fiscal en la comercialización de gasóleo, que está previsto que se prolongue durante buena parte del presente mes, entre los que figura un excomandante del puesto de la Guardia Civil en Rianxo, y para el que se solicitan cuatro años y ocho meses, 6.840 euros de multa e inhabilitación de 6 años por falsedad documental, y otros tres años y medio, inhabilitación y multa millonaria por delito contra la Hacienda Pública. Atrás quedaron alrededor de tres lustros de instrucción y un sumario de unos 70 volúmenes, e incluso el cambio de sede judicial, después de que a comienzos de 2012 la Audiencia coruñesa declaró su falta de competencia para celebrar esta vista, después de que algunos abogados alegasen, con el respaldo del fiscal y el abogado del Estado, que no hubo presunto delito contra la Hacienda Pública en dicha provincia.

Entre los 23 procesados, algunos de los cuales ya han fallecido -en la vista que se inició en 2012 ya comparecieron 20 de los 23-, figuran empresarios de estaciones de servicio y del transporte de combustible de distintos puntos de la geografía gallega y que presuntamente eran los encargados de comercializar el combustible, dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y tres guardias civiles, que se enfrentan a penas que suman unos 300 años de cárcel y al pago de 738 millones de euros en concepto de multas, alas que habría que añadir alrededor de 30 millones en indemnizaciones a la Agencia Tributaria. También están procesados responsables de sociedades que supuestamente crearon una red de facturas para similar ventas que, según la Fiscalía, nunca se llegaron a realizar.

El Ministerio Público les acusa de desviar entre los años 1998 y 2000 gasóleo B o bonificado de un depósito en la localidad de Mugardos con un supuesto destino a sociedades ubicadas en Portugal, pero nunca llegaban a traspasar la frontera y supuestamente se desviaban a una gasolinera de Caldas de Reis, para luego comercializarlo como gasóleo A en Galicia, sin pagar los impuestos correspondientes sobre hidrocarburos y el IVA. Y precisó que el importe de lo presuntamente defraudado supera los 20 millones de euros.

DELITOS
Al excomandante del puesto rianxeiro de la Benemérita y a los otros dos guardias civiles les acusa de facilitar a la trama el visado o la acreditación del aprovisionamiento de gasóleo a buques que no se producía o se realizaba en una cantidad inferior. Según el escrito de acusación, había otras firmas que aparentaban realizar avituallamientos de gasóleo B a embarcaciones en varios puertos gallegos, y que es ahí donde sitúa la participación de los guardias civiles procesados, que deberían ser los encargados de controlar que no se registrase ese tipo de actividad fraudulenta. A los funcionarios del SVA, con sede en Pontevedra, de facilitar información a los empresarios. El fiscal les imputa un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública y otros 13 por falsedad en documento público o mercantil, además de la realización de competencia desleal al ofertar precios inferiores a los de sus rivales en el mercado de los combustibles. Las defensas de los procesados piden la absolución y niegan la comisión de los hechos citados.