RIBEIRA – La sentencia que archiva la causa por pesca ilegal contra Vidal Armadores suscita sorpresa y cierta incredulidad en la ciudadanía
Se está a la espera de si tiene influencia en el expediente sancionador por 17,8 millones que le abrió el Ministerio de Medio Ambiente
La sentencia de la Sala II de los Penal del Tribunal Supremo que decretó el archivo y sobreseimiento libre del proceso por pesca ilegal seguido contra seis personas relacionadas con Vidal Armadores, por falta de jurisdicción de los tribunales españoles, ha generado sorpresa y cierta incredulidad entre la ciudadanía. El hecho de que se hubiera difundido en la jornada del 28 de diciembre hizo pensar a muchos que se trataba de una inocentada, pero según pasaban las horas le fueron dando veracidad, pues el comunicado venía acompañado de la correspondiente sentencia.
Sin embargo, a numerosos ribeirenses les extrañó que después del largo seguimiento al que fueron sometidos por las fuerzas de seguridad y de la realización de registros y detenciones dentro de la operación “Yuyus” todo haya acabado en esa decisión por lo que entienden que se podría tratar de un defecto de forma, al ser juzgados por un órgano que no tiene jurisdicción en aguas internacionales, y no tanto en si cometieron o no los delitos que se le atribuían. La reacción por parte de los afectados en relación al fallo judicial llegó por boca del despacho de abogados que los representa, desde donde indicaron que no podían estar más satisfechos, al haberse admitido a trámite el recurso de casación y que la resolución fuera favorable para sus defendidos. Precisaron que aunque los que se personaron en el recurso fueron 3 de los 6 procesados, la decisión de archivo afecta a todos ellos.
Esas fuentes indicaron que en relación a la otra causa abierta tras el desarrollo de la operación “Sparrow”, desarrollada entre el 11 y 13 de marzo de 2015 y que estuvo dirigida por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que decidió sancionar con multas por importe total de 17,8 millones de euros a Vidal Armadores por su relación con buques implicados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Ese duro golpe lo recibió dicha empresa y su entramado societario 12 días después de que agentes de Interpol y Guardia Civil practicasen registros en propiedades vinculadas a la compañía y la casa del fundador, Antonio Vidal Suárez, “Tucho El Coyo”, que acabó detenido junto a 4 miembros de su familia y un contable, pero que tras el citado fallo quedó en nada.
Ahora se está a la espera de conocerse la resolución al recurso contra el citado expediente sancionador y la posible influencia que pueda tener el archivo de la causa contra los seis procesados. El departamento estatal que dirige Isabel García Tejerina indicó en su momento que se refiere a infracciones administrativas y es independiente de las actuaciones que los tribunales desarrollen sobre actividades de Vidal Armadores y personas vinculadas, como en la operación “Yuyus”. Para dicho expediente se obtuvieron más de 3.000 documentos que acreditaron “la existencia de un entramado empresarial que, utilizando a otras empresas extranjeras, trataba de evitar el descubrimiento de los hechos finalmente sancionados”, indicaron desde el ministerio.
