RIBEIRA – Archivan la causa judicial contra tres de los seis detenidos por pesca ilegal presuntamente vinculada con Vidal Armadores

El Tribunal Supremo dice que la Audiencia Nacional carece de jurisdicción para ese delito en el extranjero

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La causa seguida en la Audiencia Nacional contra tres de los seis detenidos en la operación “Yuyus”, desarrollada contra empresas vinculadas a Vidal Armadores por delitos asociados a la extracción de austromerluza o merluza negra en aguas internacionales del Antártico, quedó archivada por falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de los delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo u organización criminal cometidos en aguas internacionales por barcos españoles. Así lo acordó la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso de casación presentado por Toño y Ángel Vidal Pego -hijos del armador ribeirense Antonio Vidal Suárez “Tucho El Coyo”- y Joaquín Pérez Mariño, y entiende que esos delitos no protegen un bien jurídico de valor singular para la comunidad nacional, “hasta el punto que resulte justificado romper las barreras impuestas por el principio de territorialidad”.

Los hechos a los que se refiere la resolución recurrida, tal y como fueron expuestos por la Fiscalía, ocurrieron en enero de 2015, cuando una patrullera de Nueva Zelanda aborda a los buques “Shongua”, “Yongding” y “Kunlun”, que faenaban bajo pabellón de Guinea Ecuatorial en aguas internacionales del Antártico, pescando merluza negra con artes tradicionales en el área regulada por la Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos de 20 de mayo de 1980. Añadía que los beneficios económicos eran blanqueados a través de un entramado societario en España y fuera. Los recurrentes sostenían que no es una especie amenazada ni incluida en listados en riesgo de extinción, su consumo está normalizado y su pesca la autoriza la legislación internacional.

Para el Tribunal Supremo, el principio de personalidad no ofrece cobertura para afirmar la capacidad de jurisdicción de los tribunales españoles en este caso. “De forma bien plástica -señala la sentencia- podría decirse que el ciudadano español (…) que viaja más allá de nuestras fronteras, no lleva en su mochila un código penal con vocación de reprimir hechos cometidos allí donde tales conductas no han sido penalmente desvaloradas por el legislador del país de destino. De ahí la trascendencia de la doble incriminación como elemento llamado a contrarrestar cualquier tentación de vigencia ultraterritorial de la ley penal, más allá de la referencia axiológica que impone la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados”.

La sentencia considera que el delito de blanqueo de capitales, incluido en la querella, es singular a este respecto, ya que el Código Penal indica que “el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero”. Sin embargo, establece que el blanqueo de capitales requiere un delito antecedente -“mal puede hablarse de una actividad de blanqueo de capitales si las ganancias no provienen de un delito”, dicen los magistrados-, y en este caso dice que hay ausencia de ese delito principal calificable como tal en el lugar de comisión, o, al menos, perseguible en el sistema español.

La Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo concluye que la Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial española no proporcionan las bases necesarias para la proclamación jurisdiccional. La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, que entiende que el auto de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional no era recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

DOCUMENTACIÓN
El Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional dictó en marzo de este año sendos autos de ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de los seis detenidos en la operación “Yuyus” desarrollada contra empresas vinculadas a Vidal Armadores, por pesca ilegal de austromerluza en aguas de La Antártida, y se les investiga por delitos asociados. Así lo decretó su titular, Carmen Lamela, después de tomarles declaración durante varias horas. Se trató del fundador de las sociedades, Antonio Vidal Suárez “Tucho El Coyo”; sus hijos, Toño -administrador de la mayoría de empresas tras cesar su progenitor-, Belén y Ángel Vidal Pego.

A ellos se sumó el yerno del armador, Joaquín Pérez Mariño, y Francisco Rama Gago, un contable que en aquel momento tenía una alta responsabilidad en sociedades de la compañía investigada, según los investigadores. Al día siguiente de ingresar en la cárcel, pagaron el importe de la fianza establecida, pero se les impusieron medidas cautelares como la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a su domicilio y la obligación de fijar la localización de su vivienda.