BOIRO – La juez archiva en la instrucción el caso del fraude en subvenciones de la conservera Servanza

La titular del Juzgado Número 1 de Riveira dictó un auto en ese sentido a petición del Ministerio Fiscal

P18 F1

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira dictó un auto por el que se archivan las diligencias previas abiertas con motivo de un presunto delito de fraude de subvenciones en la empresa boirense Servanza S.L., dentro de lo que la Guardia Civil denominó “Operación Conserva”, en la que había diez personas imputadas. De hecho, la juez tomó esa decisión a petición de la representante del Ministerio Fiscal, después de que se le diera traslado de las actuaciones y se mostrase conforme con el sobreseimiento del proceso. En este sentido, pesó el hecho de que no hubiera indicios de criminalidad o responsabilidad penal que permitieran atribuirles la autoría del delito que se estaba investigando. Además, en el curso de las investigaciones ya se fueron archivando puntualmente diferentes diligencias  imputaciones de algunos de ellos, según lo fueron reclamando sus respectivos abogados. El auto judicial hace referencia a que el contenido de todas las declaraciones recogidas tanto en el atestado de la Benemérita como delante de la juez apuntaron en la dirección de que era Carlos Piñeiro, actualmente fallecido, quien llevaba el control tanto de la propia Servanza S.L., como de Starb, Dolphin Elaborados Pesqueros S.L. y Boiromar Seafood, pese a que en varias de las mismas estaban empleados algunas de las personas que fueron imputadas. Algunas de estas últimas habían declarado que no tenían acceso a la documentación y no tenían función alguna de gestión, mientras que otros afirmaron que simplemente cumplían órdenes del mencionado Carlos Piñeiro. Del mismo modo, llegaron a decir que eran conocedores de que las máquinas que se mostraron en la visita realizada a comienzos de octubre de 2008 por la conselleira de Pesca, la socialista Carmen Gallego, y que supuestamente fueran adquiridas con el dinero de las subvenciones recibidas, por importe de 3,4 millones de euros, eran antiguas y se les hizo un lavado de imagen para que parecieran nuevas. La juez señala que los hechos que dieron lugar a la apertura de las diligencias por un delito de fraude de subvenciones, que se referían a las máquinas que aparecieron en un polígono industrial de Murcia y que se atribuían al ahora fallecido Carlos Piñeiro y a una segunda persona -se omite el nombre al no estar ya imputado-, no se pudo constatar que este último fuera el responsable de la subvención solicitada por Servanza S.L. y que procedían de la Unión Europea y de la Xunta.

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