RIBEIRA – Aplazado hasta mediados de enero de 2018 el juicio por una agresión sexual contra una mujer con discapacidad intelectual

El juicio oral contra el ribeirense J.A.R.R., de unos 36 años, que está acusado de un delito de agresión sexual a una mujer con discapacidad intelectual ocurrido el 5 de marzo de 2011, y que estaba previsto que se celebrase el pasado miércoles y ayer en la sede compostelana (sección sexta) de la Audiencia Provincial de A Coruña, fue suspendido. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicaron que se señalaron los días 18 y 19 de enero de 2018 como nuevas fechas para su celebración. Aunque no han trascendido las causas de la suspensión, todo apunta a que se debió a una incomparecencia. Cabe recordar que la Fiscalía solicita ocho años de cárcel para el encausado, además de una indemnización de 12.000 euros más intereses a la mujer, por daños morales, así como las costas del proceso.

El relato del fiscal indica que los hechos a enjuiciar se habrían producido el día 5 de marzo del año 2011, cuando la víctima se encontraba en el lugar de Fonterramil, en la parroquia ribeirense de Castiñeiras, y que el acusado le hizo señas a ella para que lo siguiera hasta una caseta para guardar leña que había a unos 100 metros de donde estaban. Se da la circunstancia de que esa mujer es sordomuda de nacimiento y padece un retraso mental, además de que tiene reconocida una minusvalía del 70%. Según indica la Fiscalía, la víctima le hizo caso debido a la relación de vecindad que les unía y por conocerlo desde la adolescencia. En el escrito de acusación del Ministerio Público se especifica que al llegar a la referida caseta, el procesado la empujó al interior y allí le quitó la ropa -pantalón, mandil y bragas-, la arrojó al suelo de la leñera y llegó a penetrarla vaginalmente.

La fiscal de la sede ribeirense que entiende del caso añade que una vez que completó la agresión sexual, J.A.R.R. le dijo a ella a través de señas que no contase nada de lo sucedido. A consecuencia de esos hechos descritos, la víctima padeció un trastorno agudo por estrés, según señala el Ministerio Público. Este último considera probados los hechos y que J.A.R.R. es el autor de los mismos, por lo que pide la privación de libertad durante ocho años para el acusado, así como que indemnice al representante legal de la víctima con la cantidad de 12.000 euros por los daños morales causados. La Fiscalía propone que en el juicio oral se lleve a cabo un interrogatorio al procesado y que como pruebas testificales declaren la víctima y sus progenitores y como prueba pericial comparezca el médico forense del Imelga para que ratifique el informe emitido. Por parte de la defensa del acusado se solicita que se someta a la víctima de la agresión sexual a una prueba neurocientífica para determinar la veracidad de la acusación, pues su cliente sostiene que no tiene ninguna implicación en el hecho delictivo que se le atribuye.

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