RIBEIRA – Funcionarios de los juzgados de Ribeira se movilizan para lograr que el Gobierno central deje sin efecto la Ley de Registro Civil
Funcionarios de los juzgados de Ribeira siguen con las movilizaciones hasta conseguir que el Gobierno central deje sin efecto la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil prevista para el próximo 15 de julio y derogue las disposiciones adicionales que le entregan dicha gestión a los Registros Mercantiles. Ayer se concentraron durante unos minutos delante del mostrador del Registro Civil ribeirense y en las escaleras de los juzgados exhibiendo las camisetas amarillas en contra de la privatización de los registros civiles que lucen durante el desarrollo de su trabajo. Recalcan que la prevista desaparición del Registro Civil de Ribeira provocaría su traslado a Santiago, a donde tendrían que ir los vecinos a realizar sus gestiones, además de que habría que pagar entre 20 euros por una certificación hasta 250-300 euros por la tramitación de un expediente de matrimonio, cuando actualmente todo eso ahora es gratuito. Puntualizaron que no se están movilizando por temor a perder sus puestos de trabajo pues, como bien se indicó más arriba, son funcionarios de carrera y no pueden despedirlos -salvo que haya una causa justificada- sino que lo que defienden es que si desaparece el Registro Civil les van a designar al juzgado al que pertenecen. Además, en el supuesto de los registros civiles de las grandes ciudades los recolocarán mediante concursos de traslados.
Por su parte, desde Comisiones Obreras informaron que la mesa del Congreso de los Diputados aprobó ayer la ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil hasta este jueves, 14 de mayo. Se trata de un proyecto de ley en el que el Ministerio de Justicia anunció que iba a introducir las enmiendas que dejaban sin efecto la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores y, además, ampliaba el plazo de entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil.
Desde CC.OO. manifiestan que no van a lanzar aún las campanas al vuelo, hasta que no se cumplan los compromisos que el ministro Rafael Catalá adquirió en la reunión de la mesa sectorial celebrada el pasado 28 de abril. Es decir, desde este sindicato anuncian que seguirán con sus movilizaciones en activo e impulsando las acciones necesarias en defensa del Registro Civil como servicio público y servido por el personal de la Administración de Justicia. Del mismo modo, seguirá vigilante hasta que dichas enmiendas no estén presentadas en el Congreso de los Diputados, que el contenido de las mismas contenga lo que CC.OO. viene reclamando, y que no pasa por otra cosa que dejar sin efecto la entrega a los Registradores Mercantiles de la gestión del Registro Civil y la ampliación de la «vacatio legis» hasta, al menos, el mes de julio de 2017, y que la ley sea aprobada y publicada en el BOE dejando sin efecto las disposiciones adicionales referidas a la privatización del Registro Civil, contenidas en la Ley 18/2014 y en el Real Decreto Ley 8/2014.
Desde Comisiones Obreras indicaron que es un signo positivo, aunque aún no definitivo, el hecho de que la ampliación del plazo de presentación de enmiendas a dicho proyecto de Ley fuese sólo de dos días, y no como venía siendo norma desde el 10 de septiembre de 2014, en que se estuvo prorrogando dicho plazo una semana tras otra, «por lo que de seguir así esa prórroga semanal, era muy peligroso porque la eliminación de la privatización del Registro Civil y la ampliación de la vacatio legis es urgente, pues la Ley 18/2014 entra en vigor el 15 de julio de 2015. Y antes de esa fecha es imprescindible que estén publicadas en el BOE dichas modificaciones legales», precisaron desde el sindicato.
CC.OO. insiste en que no ha cejado ni un momento en seguir demandado diariamente a los responsables del Ministerio de Justicia información precisa sobre los contenidos y fechas de las presentación de dichas enmiendas. Según la información de los responsables del Ministerio de Justicia que trasladan a CC.O.O, antes de las 20.00 horas del este jueves, como muy tarde, el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno presentará las enmiendas comprometidas por Rafael Catalá en relación a dejar sin efecto la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores, y que es más que probable que el Gobierno acepte las exigencias de CC.OO. de que la vacatio legis de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 se consiga una prórroga durante dos años, es decir hasta 2017. Sus responsables subrayan que este tiempo, hasta 2017, es imprescindible para convencer al nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales de finales de 2015, de que sólo existe un modelo posible para el Registro Civil que es el actual, público, gratuito y universal, con el mantenimiento de todas las oficinas de Registro Civil existentes en la actualidad, y dentro del ámbito de la Administración de Justicia.
